pic T-250/17 Debido Proceso de dos ciudadanos venezolanos en trámite de reconocimiento de refugiado y visado

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional estudió la acción de tutela presentada por dos ciudadanos venezolanos, que consideraban que el Ministerio de Relaciones Exteriores había desconocido sus derechos fundamentales por contestar de manera negativa una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados. Igualmente, manifestaron que a su hija menor de edad se le desconoció el derecho a la educación al exigirle como requisito para el acceso a la educación una visa válida.

Para resolver el caso, la Sala Tercera de Revisión afirmó que le corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales del Estado, lo cual comprende su facultad para definir la política migratoria, como este lo realizó mediante el Decreto 1067 de 2015, que regula la condición de refugiado. En el caso concreto, concluyó que no hubo una afectación al debido proceso en el trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, pues su valoración y análisis se ciñó a lo dispuesto en el dicho decreto.

Con todo, consideró que el Ministerio de Relaciones Exteriores desconoció el debido proceso de uno de los accionantes, al motivar de manera insuficiente su negativa a reconocer la visa de trabajo solicitada por él para regularizar su situación migratoria en Colombia.

Finalmente, con relación al derecho a la educación, recordó que existe un mandato de igual reconocimiento de derechos a favor de nacionales y extranjeros, aunque precisó que de ese mandato no se desprende la prohibición de realizar diferenciaciones razonables. Consideró que la exigencia de visa válida a las personas extranjeras para el ingreso a una institución educativa cumple distintas finalidades constitucionales, por lo que se considera razonable.
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pic Presidenta de la JEP visita la Sala Plena

La Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares se reunió con los Magistrados que integran la Sala Plena, para presentar un saludo protocolario.
La Doctora Linares quien fue elegida el pasado 26 de septiembre por el Comité de Escogencia de la JEP, indicó que esta es la primera de una serie de visitas que hará a las altas cortes para expresar su disposición a respetar y acatar las decisiones que profieran en el marco legal.
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pic T-629/17 Pruebas SABER para estudiantes en condición de discapacidad

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional dispuso medidas especiales para garantizar el acceso a la educación en condiciones dignas de un grupo de 103 menores con discapacidad de Cartagena. En tal sentido, ordenó al Ministerio de Educación Nacional, a través de su representante legal, que en el término de un (1) año, introduzca en las pruebas SABER, esquemas diferenciales de evaluación de los procesos educativos de las personas en condición de discapacidad (física y cognitiva), para efecto de valorar, vigilar y controlar institucional, regional y nacionalmente su desempeño, y la efectividad de los modelos pedagógicos a los que son sometidos. Igualmente, determinó que las Autoridades, en este caso Ministerio de Educación y Secretaría de Educación de Cartagena, valoren su condición de discapacidad y determinen cuáles de esos estudiantes ameritan un modelo de educación especial fuera del aula regular, y les den el trato previsto en el Decreto 1421 de 2017. A aquellos que puedan ser vinculados a esquemas de educación inclusiva, se les garantizará progresivamente ese derecho, previa determinación de los ajustes necesarios que requieren.
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pic T-567/17 Declaratoria judicial de pertenencia de inmuebles rurales cuya naturaleza jurídica se presume baldía, constituye un desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional amparó el derecho fundamental al debido proceso de la Agencia Nacional de Tierras –ANT-, en el marco de la revisión acumulada de varios fallos de tutela que fueron proferidos con ocasión de cinco acciones de tutela formuladas separadamente por la referida entidad, contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Aquitania –Boyacá-, Segundo Promiscuo Municipal de Oiba –Santander-, Promiscuo Municipal de Tasco –Boyacá-, Promiscuo Municipal de Macaravita –Santander- y Promiscuo del Circuito de San Martín de los Llanos -Meta-.

La Corte encontró que los operadores judiciales demandados habían incurrido en defectos fáctico, orgánico y sustantivo, al haber declarado en favor de particulares la pertenencia por prescripción adquisitiva del derecho real de dominio de unos predios rurales sobre los cuales supuestamente se habían ejercido posesión material, y carecían de antecedentes registrales y/o no contaban con folio de matrícula inmobiliaria, por lo que gozaban de la presunción de ser baldíos, cuya administración, custodia y adjudicación corresponde a la Agencia Nacional de Tierras –ANT-.
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pic T-543/17 Prohibición de censura previa a la información que advierte sobre riesgos de consumo de bebidas azucaradas

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional confirmó la sentencia proferida el 5 de abril por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), revocar la Resolución 59176 de 2016, mediante la cual se ordenó a la organización Educar Consumidores que (i) cesara de manera inmediata la difusión de un comercial de televisión relacionado con el consumo de bebidas azucaradas, y (ii) remitir a la SIC, de manera previa, toda pieza publicitaria relacionada con el consumo de bebidas azucaradas que se pretenda transmitir a través de cualquier medio de comunicación, con el fin de obtener su expresa y previa autorización, a través de un control previo sobre la información, imágenes, proclamas y demás afirmaciones realizadas en las mismas. Asimismo, la SIC advirtió que la emisión a través de cualquier medio de comunicación de alguna pieza publicitaria, sin su expresa y previa autorización, daría lugar a las sanciones previstas en el numeral 6 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
Luego de reiterar la jurisprudencia sobre el derecho al debido proceso administrativo, ahondar en el contenido y alcance del derecho a la libertad de información -como componente de la libertad de expresión-, y resaltar la prohibición de la censura previa y la admisibilidad de responsabilidades ulteriores; la Sala encontró que se habían vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes, por cuanto con la actuación administrativa, la SIC vulneró el derecho al debido proceso administrativo al no notificar las decisiones ni permitir ejercer el derecho de defensa y contradicción; y debido a que las medidas adoptadas en la referida resolución no estaban previstas en la ley, no perseguían una finalidad imperiosa y no eran necesarias, aunado a que constituían medidas de censura previa al establecer un control anterior sobre los contenidos de la información que se pretendieran transmitir, lo cual se encuentra expresamente prohibido por la Constitución Política y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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pic T-652/17 Reintegro de soldado en situación de discapacidad

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, ordenó al Ejército Nacional reincorporar al servicio, a un soldado en condición de discapacidad, que había sido desvinculado de la Oficina de Archivo, sin tener en cuenta que es sujeto de protección especial constitucional. La Corte amparó los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad, al trabajo y a la dignidad humana del militar. Consideró que en estos casos, basta con la constatación de circunstancias físicas o psíquicas desfavorables, para concluir que la estabilidad laboral reforzada y la situación de debilidad manifiesta imponen una protección no solo urgente, sino definitiva que en casos como este, cobra mayor relevancia al tratarse de un empleado que adquirió esa condición especial justamente mientras estaba al servicio del Estado y, en esa medida, el principio de solidaridad aparece mucho más claro.

Se debe destacar que en un principio el accionante fue calificado con un 33.09% de pérdida de su capacidad laboral y aun así se encontraba desempeñado un trabajo, posteriormente es calificado con un porcentaje del 31.98%, lo cual evidencia un proceso de rehabilitación satisfactorio; sin embargo, fue desvinculado de las labores de archivo que venía ejecutando desde el año 2008 hasta el año 2016 contrariándose de este modo la lógica razonable.
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pic T-276/17 Derecho a la comunicación de personas privadas de la libertad

Las empresas encargadas de la prestación de los servicios de comunicación para las personas privadas de la libertad y las autoridades que deben velar por la eficiencia de dichos servicios, vulneran su derecho a la comunicación con el mundo exterior cuando no brindan a los internos información sobre las modalidades del servicio postal a que tienen derecho y cuando el servicio de comunicación implementado resulta ineficiente, costoso o inadecuado frente a sus condiciones (el servicio telefónico en este caso, por ejemplo).
Así lo señaló la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional al estudiar dos casos de internos a quienes se les vulneró el derecho a la comunicación telefónica y por cartas a la que tienen derecho con sus familias y seres queridos.
Respecto del servicio postal, la Sala ordenó al INPEC que en el término de 48 horas, tome las medidas adecuadas y necesarias para informar a todos los internos de los Establecimientos a su cargo, las modalidades del servicio de correo a que tienen derecho bajo la modalidad de franquicia. Segundo, ordenó al INPEC que en el término máximo de 72 horas, y en concordancia con la empresa Servicios Postales Nacionales S.A 4-72, tome las medidas necesarias para adecuar los formatos de recepción de correspondencia a fin de que en ellos se pregunte por la modalidad de correo seleccionada por cada persona en situación de privación de la libertad, en cada uno de los Establecimientos a su cargo. Y tercero, ordenó a la empresa Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, que garantice una periodicidad suficiente en la prestación del servicio, en lo que corresponde a las visitas para la recepción y entrega de correo, que no podrá ser menor a dos veces por semana para todos los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del País.
En cuanto al servicio de comunicación (en este caso el de telefonía) ordenó al INPEC y al Ministerio de Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, que tomen las medidas adecuadas y necesarias para modificar el sistema actual de telefonía o la tecnología equivalente de comunicación, de manera que en el término máximo de seis (6) meses, se implementen los cambios requeridos para garantizar que el servicio sea (i) más accesible (que permita, de ser posible, llamadas entrantes), (ii) ajustado económicamente a las ofertas del mercado y a la condición económica de los reclusos, (iii) que se garantice la eficiencia del servicio, y (iv) que permita el control adecuado para evitar su uso en actividades ilícitas. También se ordenó al INPEC y al Ministerio de Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, tomar las medidas adecuadas y necesarias para evitar la propagación de los abusos y la corrupción que facilita el actual sistema de tarjetas prepagadas.
Finalmente, la Corte constató que los problemas fácticos encontrados en los expedientes acumulados hacen necesario avanzar en una política pública sobre la implementación de tecnologías de comunicación más ágiles y seguras, que minimicen costos y garanticen los derechos de los internos, sin imponer barreras y obstáculos irrazonables. Por lo tanto y tomando en cuenta el buen resultado de los programas desarrollados por el Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones en cuatro (4) establecimientos penitenciarios del país, que permiten constatar los importantes efectos que la implementación de la tecnología puede tener para la resocialización de los internos, se ordenó, en complemento con las órdenes dictadas por esta Corporación en desarrollo del Estado de Cosas Inconstitucional en la materia, que dicho Ministerio participe activamente en el diseño de la política pública en materia penitenciaria y carcelaria del país, a fin de que el derecho a la comunicación y acceso a la información, sea garantizado a la población privada de la libertad, y que también puedan ser cobijados con los beneficios del desarrollo y de la tecnología.
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