pic EXALTACIÓN A LA MEMORIA DEL CONSTITUCIONALISTA CARLOS RESTREPO PIEDRAHITA

Bogotá D.C., mayo 24 de 2017. La Sala Plena de la Corte Constitucional lamenta el fallecimiento del Doctor Carlos Restrepo Piedrahita, quien murió en Bogotá el pasado 17 de mayo a los 101 años de edad. Constitucionalista, humanista y profesor de historia del derecho constitucional por muchos años en la Universidad Externado de Colombia, de la que fue Rector encargado. Además fue Consejero de Estado, conjuez de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
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pic T-240/17. Corte ordena registrar a menor que durante 16 años no tuvo identificación

La Sala Novena de Revisión de Tutelas ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que en un término de 48 horas después de la notificación, proceda a inscribir en el registro a una menor cuya identidad ha sido desconocida en los 16 años de edad que tiene. La Corte dejó sin efecto dos decisiones del Tribunal Administrativo de Antioquia y del Consejo de Estado, respectivamente, en las cuales no accedieron a las pretensiones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que actuó como Agente Oficioso de la menor. “Esta situación es inconstitucional, máxime, si se tiene en cuenta que la legislación nacional señala que se debe inscribir el nacimiento, un mes después del suceso, y en el plano internacional, se consagra la obligación de inscripción inmediatamente después del hecho”, señala el fallo.
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pic T-257/17. Suspensión de restitución de espacio público en Santa Marta

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, ordenó a la Alcaldía Distrital de Santa Marta, suspender el proceso de restitución del espacio público correspondiente a la calle 30 con carrera 19, ordenado en mayo de 2015, hasta que se ofrezca a los comerciantes ubicados allí, políticas, programas y medidas que no afecten su situación socioeconómica. Igualmente, la Corte consideró que las autoridades deben examinar si las alternativas ofrecidas corresponden a su alcance y cubrimiento de necesidades.
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pic A-096/17. Seguimiento al cumplimiento de órdenes impartidas en la Sentencia T-774 de 2015

La Sala Novena de Revisión de la Corte efectuó seguimiento al cumplimiento de las órdenes estructurales de no repetición dictadas en la Sentencia T-774/15 que declaró superado el Estado de Cosas Inconstitucional de Colpensiones. Luego de constatar que diez órdenes habían sido desconocidas parcial o totalmente, la providencia adoptó medidas de cumplimiento frente a la administradora de pensiones, los ministerios de Hacienda y Trabajo, la Superintendencia Financiera de Colombia, entre otras entidades.
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pic T-227/17 Protección a derechos de la población afectada por relleno sanitario

La Sala Segunda de Revisión protegió los Derechos Fundamentales de la comunidad de Patio Bonito residente en las inmediaciones del relleno sanitario de Barrancabermeja. Al evidenciar que el control ambiental del proyecto, no había sido ejercido adecuadamente por las autoridades competentes, y que no se habían respetado las dimensiones de la justicia ambiental (distributiva y participativa) en el trámite de licenciamiento de la obra, la Corte dispuso, entre otras ordenes, que en seis meses, la Corporación Autónoma Regional de Santander realice una valoración de los impactos ambientales y sociales que ha tenido la construcción y operación del relleno sanitario y, con base en ella, ejecute una revisión de los términos en los cuales se concedió la licencia ambiental, determinando si resulta necesario modificar o revocar, total o parcialmente, dicho acto administrativo. Igualmente, este Tribunal requirió a la Alcaldía Municipal para que garantice el acceso al agua de los residentes en el sector, mientras que se amplían las medidas de compensación social establecidas en la licencia ambiental, las cuales como mínimo deberán garantizar a la escuela y a las viviendas aledañas al proyecto el acceso a agua potable, la recolección de basuras, y sistemas de manejo y tratamiento de aguas residuales domésticas, así como de ventilación.
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pic T-218/17 Corte advierte garantizar suministro de agua a comunidad de San Anterito, Córdoba

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional se pronunció sobre la acción de tutela presentada por doce madres comunitarias del corregimiento de San Anterito, ubicado en Montería-Córdoba, a favor de ciento veintiocho niños, por la falta de suministro adecuado de agua. En su decisión, la Corte estudió con detenimiento los criterios jurisprudenciales de procedencia de la acción de tutela frente a situaciones que podrían a su vez implicar el desconocimiento de derechos colectivos. Igualmente, se reitera el carácter fundamental del derecho al agua, explicando su sustento constitucional y su contenido. Posteriormente, al analizar el caso concreto, la Sala Tercera consideró que, dado que ya se estaba ejecutando un proyecto para la construcción de un acueducto en la comunidad de San Anterito, era procedente la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado. En todo caso, advirtió a la Alcaldía de Montería para que, mientras se ejecuta dicho proyecto, cumpla con su obligación de proteger las garantías mínimas del derecho fundamental al agua, asegurándose de no afectar nuevamente la disponibilidad y accesibilidad a este recurso.
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pic T-622/16. Corte Constitucional reconoció al río Atrato (Chocó), su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos.

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, amparó los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas (negras e indígenas) que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes, que vienen siendo víctimas de la explotación minera ilegal en el departamento de Chocó. Asimismo declaró que tal vulneración es imputable a las entidades del Estado colombiano accionadas por su conducta omisiva al no proveer una respuesta institucional idónea, articulada, coordinada y efectiva para enfrentar los múltiples problemas históricos, socioculturales, ambientales y humanitarios que aquejan a la región y que en los últimos años se han visto agravados por la realización de actividades intensivas de minería ilegal -cuyos efectos- terminan impactando la política minero-energética estatal. Uno de los objetivos de esta declaratoria no es sólo proteger a la entidad natural sino a las presentes y futuras generaciones de colombianos cuya existencia física, cultural y espiritual también depende del buen estado del río y de los recursos naturales en general.
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